Nicaragua ha decidido retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Nicaragua ha decidido retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tras recibir críticas por su represión sistemática de los derechos humanos, las normas democráticas y los grupos religiosos. El presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien también ocupa el cargo de vicepresidenta, han defendido esta decisión, calificándola como “soberana e irrevocable”.

Este anuncio se produjo después de un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que condenó al gobierno nicaragüense por su trato hacia los grupos religiosos. Ariela Peralta, una experta que contribuyó al informe, subrayó la represión sistemática contra cualquier persona que desafíe el control de Ortega y Murillo, describiendo al gobierno como “en guerra con su propio pueblo”.

International Christian Concern, un grupo de vigilancia sobre la persecución religiosa, acusa a los líderes nicaragüenses de haber transformado el país en un régimen pseudodictatorial. Ortega recientemente nombró a su esposa Murillo como copresidenta, consolidando el poder y socavando la independencia de los poderes legislativo y judicial, lo cual fue confirmado por un informe de la ONU.

Debido a las violaciones de derechos humanos, expertos de las Naciones Unidas han instado a tomar medidas legales contra Nicaragua. La organización Alliance Defending Freedom International (ADF) ya ha presentado un caso legal contra el país por el maltrato a once pastores que estuvieron encarcelados durante meses y ahora enfrentan multas de ochenta millones de dólares.

Los pastores, pertenecientes al ministerio cristiano Puerta de la Montaña, fueron detenidos en noviembre de 2023 después de realizar campañas evangelísticas por todo el país. Fueron acusados por el gobierno de Nicaragua de cometer crímenes organizados y de robar dinero, cargos que no fueron respaldados por ninguna prueba. A pesar de su liberación, los pastores no pudieron comunicarse con sus familias ni con sus abogados, y fueron asignados abogados del gobierno que no les proporcionaron el apoyo legal adecuado.

En marzo, los once pastores fueron sentenciados a largas penas de prisión y se les impusieron altas multas. La ADF presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo medidas cautelares, alegando que los pastores fueron “condenados fraudulentamente”. La Comisión pidió a Nicaragua que abordara la cuestión y garantizara los derechos humanos de los líderes religiosos. A pesar de la liberación de los pastores, Nicaragua no ha tomado medidas adicionales para exonerarlos.

Ahora, la ADF busca que Nicaragua sea responsabilizada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir con las órdenes emitidas por la Corte para proteger los derechos de los líderes religiosos. Kristina Hjelkrem, asesora legal de la ADF, enfatizó que estos líderes nunca debieron haber sido encarcelados de manera injusta ni expulsados del país, y pidió al gobierno que los indemnizara por la persecución sufrida.

A pesar de la presión internacional, Ortega ha desestimado los informes de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), calificándolos de parte de una campaña en su contra. Su esposa, Murillo, también ha calificado estos informes como “falsedades” y “calumnias”.

En 2022, Nicaragua fue incluida en la lista de países de Particular Preocupación (CPC) de Estados Unidos, debido a las graves violaciones de la libertad religiosa. Un informe del Departamento de Estado de EE. UU. destacó el acoso continuo por parte del gobierno a la jerarquía eclesiástica católica, así como a los laicos, mencionando investigaciones basadas en acusaciones infundadas, restricciones financieras y la interferencia en actividades religiosas.

La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EE. UU. (USCIRF) reiteró esta preocupación en 2023, afirmando que las condiciones para la libertad religiosa en Nicaragua han empeorado, con el gobierno intensificando su represión contra los líderes católicos y las instituciones religiosas. Estas acciones incluyen detenciones arbitrarias, expulsiones, confiscación de propiedades e intimidación a los fieles.